Tendencias recientes y reformas en el Derecho administrativo español — 2025

Introducción

El Derecho administrativo en España sigue evolucionando en 2025 bajo presiones hacia una mayor transparencia, seguridad jurídica, digitalización, derechos de la ciudadanía, cumplimiento del derecho de la UE y un mejor gobierno público. A continuación se recogen algunos de los desarrollos más significativos hasta la fecha, junto con sus implicaciones.

Desarrollos Clave

Transparencia y responsabilidad algorítmica — Caso Bono Social
El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Gobierno debe divulgar el código fuente del algoritmo “Bosco”, utilizado por el Estado para asignar el bono social (una subvención eléctrica para usuarios con bajos ingresos). El Tribunal resolvió que dicho código no contiene datos personales y que el interés público, la transparencia, la prevención de sesgos o arbitrariedades y la rendición de cuentas prevalecen en este caso sobre alegaciones de propiedad intelectual, seguridad pública o protección de datos.

Implicación: Se establece un precedente para exigir transparencia en la toma de decisiones automatizadas en la Administración pública. Las entidades que utilicen algoritmos en servicios públicos podrían enfrentarse a nuevas presiones legales para revelar su funcionamiento, especialmente cuando afecten a derechos fundamentales o a subsidios públicos.

Ley sobre Lobbying / Grupos de Interés (“Lobbies”)
El Gobierno aprobó un anteproyecto para regular los grupos de presión a nivel estatal (Administración General del Estado). Su objetivo es aumentar la transparencia e integridad mediante la creación de un registro obligatorio de grupos de interés (nombres, organización, financiación, objetivos), la obligación de declarar reuniones entre altos cargos y grupos de interés, y la regulación de la estructura de esas interacciones.

Comentario crítico: Algunos actores de la sociedad civil y expertos señalan que, en su forma actual, el anteproyecto carece de independencia regulatoria, de presupuesto suficiente y de un régimen sancionador verdaderamente eficaz. Advierten que, sin una aplicación real, la regulación formal puede no modificar las prácticas subyacentes.

Reforma del Reglamento de Extranjería
El Reglamento de Extranjería se reformó mediante el Real Decreto 1155/2024, en vigor desde el 20 de mayo de 2025. La reforma introduce cambios en materia de residencia, permisos de trabajo, integración y procedimientos administrativos para nacionales de terceros países.

Impacto en el Derecho administrativo: Estas reformas afectan la discrecionalidad administrativa, los derechos procesales de los solicitantes y la interacción entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la aplicación de la política migratoria. Además, es probable que aumente la carga administrativa (y el potencial de impugnaciones legales) a medida que se prueban los nuevos requisitos y procedimientos.

Plan Normativo 2025 (PAN 2025)
El Gobierno aprobó el Plan Normativo de la Administración General del Estado 2025 (PAN 2025), que establece la agenda legislativa del año, con un total de 199 iniciativas normativas (16 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias, 140 reales decretos). Muchas de ellas están vinculadas a obligaciones de la UE, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y al Plan de Acción para la Democracia.

Relevancia para el Derecho administrativo: Muchas de estas iniciativas afectarán al modo en que los órganos administrativos actúan, regulan y prestan servicios; por ejemplo, leyes que clarifican competencias administrativas, garantías procedimentales, reformas digitales y del sector público, etc. También refleja las prioridades: transparencia, simplificación, armonización europea y derechos de la ciudadanía.

Reforma Judicial / de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 1/2025)
Una de las reformas es la Ley 1/2025, que reorganiza el sistema judicial: transforma los “juzgados unipersonales” en “tribunales de instancia” con varias secciones (civil, penal, contencioso-administrativa, etc.).

Asimismo, la reforma introduce la obligación de intentar métodos de resolución alternativa de conflictos (ADR / mediación / conciliación) en ciertos casos antes de acudir a los tribunales. Esto puede afectar a las reclamaciones de derecho administrativo en la medida en que los procedimientos contencioso-administrativos requieran pasos preliminares o se vean influidos por estas tendencias de ADR.

Otras reformas procedimentales / organizativas
Ejemplos: modificaciones en organismos y estructuras administrativas (p. ej., el estatuto del ICEX fue modificado mediante el Real Decreto 350/2025).

También, entre medidas urgentes, los decretos-ley como el RDL 7/2025 de refuerzo del sistema eléctrico; estos tienen implicaciones en derecho administrativo, especialmente en materia de competencias delegadas, poderes de emergencia y control judicial.

Implicaciones y Retos

• Derechos ciudadanos y acceso a la justicia: Estos desarrollos tienden a reforzar las garantías procedimentales, la transparencia y el control (p. ej., acceso a algoritmos, regulación de lobbies, ADR). Los ciudadanos dispondrán de más herramientas para impugnar decisiones administrativas, y las administraciones deberán documentar con mayor rigor sus actuaciones y motivaciones.
• Incertidumbre jurídica / períodos de transición: Las nuevas regulaciones suelen generar ambigüedad, especialmente en fases iniciales (p. ej., cómo funcionará el registro de lobbies en la práctica, qué constituye un intento suficiente de ADR, qué revelaciones se exigirán sobre algoritmos). Los tribunales fijarán interpretaciones y probablemente habrá litigios para establecer límites.
• Carga administrativa y costes: Para las administraciones públicas, más obligaciones → más recursos necesarios (personal, presupuestos, infraestructura técnica). Para los particulares que tratan con la administración, más documentación, requisitos procedimentales y posibles demoras hasta que los procesos se agilicen.
• Digitalización y gobernanza algorítmica: A medida que se utilizan más algoritmos en la prestación de servicios públicos, aumenta el escrutinio jurídico. Los gobiernos deberán conciliar la protección de la propiedad intelectual / secretos comerciales con las exigencias de transparencia y rendición de cuentas. También será esencial garantizar la equidad, evitar sesgos y proteger los datos.
• Cumplimiento del Derecho de la UE: España continúa adaptando sus doctrinas y estructuras administrativas a las obligaciones europeas (p. ej., directivas sobre transparencia, permisos parentales, etc.). Los retrasos en la transposición o implementación conllevan riesgo de sanciones (como se ha visto en otras áreas).
• Control judicial de actos administrativos: Con los tribunales reorganizados y nuevos requisitos (p. ej., ADR), la vía contencioso-administrativa puede cambiar en cierto modo. Los requisitos previos al litigio, nuevos motivos de impugnación, así como límites formales y sustantivos, serán objeto de prueba.

Decisiones Judiciales Recientes y Control Constitucional

• Orden del Tribunal Supremo sobre el algoritmo Bosco: Como se mencionó, esta decisión refleja la creciente disposición de los tribunales a exigir transparencia en las herramientas administrativas.
• Tribunal Constitucional: También ha anulado reformas administrativas autonómicas que restringían en exceso la participación de asociaciones en procedimientos administrativos o judiciales (p. ej., la reforma madrileña que limitaba la legitimación de asociaciones LGTBI), declarándolas inconstitucionales y restableciendo la capacidad de intervención de las organizaciones de la sociedad civil.

Conclusión

El panorama del Derecho administrativo en España en 2025 se encuentra en una fase de transformación activa. Los ejes clave son la transparencia, el empoderamiento ciudadano, la justicia procedimental, la gobernanza digital y la adaptación a las normas de la UE. Las administraciones y quienes interactúan con ellas (ciudadanos, empresas, organizaciones) deben estar atentos a nuevas obligaciones, nuevos derechos y posibles cambios en la manera en que se adoptan y revisan las decisiones administrativas.